Yo
siempre fui partidario de construir el nuevo campo en una
ubicación distinta. Y por eso me pareció bien
la opción de Valdespartera. Nunca creí que
estuviera tan lejos. ¿Acaso la actual Romareda no
era en su día el extrarradio de la ciudad? Y ahora
forma parte de lo que se entiende como el centro urbano
de Zaragoza. Claro que la consolidación de un barrio
y la prestación de los servicios que necesita, incluido
el transporte público, lleva su tiempo y su proceso,
y un estadio hubiera obligado a acelerarlo todo.
Las
principales ventajas de Valdespartera eran que las dimensiones
del solar permitían hacer un campo de aforo razonable
para la afición actual, pero ampliable para la afición
del futuro; y que se podía construir sin afecciones
para los usuarios del actual campo de fútbol, con
tiempo para hacerlo todo bien desde el principio. Sin embargo,
la cuestión era si el proyecto concreto que se proponía
era el adecuado. Para empezar a hablar, el COTA no lo aprobó.
O sea, que no es que el proyecto no planteara problemas.
A
continuación llegan la CHA y el PSOE al Ayuntamiento
y se cargan el proyecto de Bofill y deciden que lo mejor
es construir un nuevo estadio en el emplazamiento actual.
La Nueva Romareda desató fuertes polémicas,
fundamentalmente por su limitación de aforo y por
los problemas que podía acarrear a los abonados.
El
caso es que, ya fuera por la resistencia de muchos abonados
a cambiar de ubicación... por las propias bondades
del proyecto, que sus promotores han hecho un gran esfuerzo
por dar a conocer en todos sus aspectos... o porque no nos
quedaba otra y al menos alguien por fin iba a hacer algo
al respecto... la afición estaba ya preparada y dispuesta
a pasar por dos años de molestias para tener por
fin un estadio en condiciones, aprobado por el COTA, adjudicado
y a punto de empezar las obras.
Pero
no ha podido ser. Quienes no fueron capaces de asumir que
la derrota electoral les privó de la oportunidad
de llevar adelante su proyecto, decidieron hacer lo que
fuera para que tampoco el rival político pudiera
llevar el suyo adelante, aunque para ello tuvieran que derribar
lo que se pudiera construir.
Finalmente
PP y PAR han recurrido a una estratagema judicial con la
que han conseguido evitar que comiencen las obras. Pese
a tratarse de una paralización cautelar, no de una
sentencia firme que condene ilegalidad alguna en el proyecto,
se trata de un hecho que puede crear tan graves problemas
a todo el proyecto que quizá incluso nunca pueda
llegarse a llevar a cabo.
Parece
que en esta tierra siempre tiene que haber quien prefiere
que no se haga nada antes que permitir que lo haga otro,
quien prefiere la parálisis o incluso la destrucción
con tal de poder deleitarse en la venganza contra el rival
político y tratar de obtener dudosos réditos
electorales.
Al
final, todo esto viene a demostrar que el principal problema
que ha lastrado la construcción de un nuevo campo
de fútbol desde el principio ha sido la falta de
consenso. Los partidos políticos no han hecho el
menor esfuerzo por ponerse de acuerdo para llevar adelante
un proyecto de interés general para la ciudadanía.
Y
así nos va en Aragón.
