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Han
pasado ya unos días desde el incidente que
protagonizó en La Romareda el camerunés
Samuel Eto’o y creo que ya hay suficiente material
para una reflexión serena.
La
gente que está metida en esto del fútbol
ha reaccionado, mayoritariamente, quitando importancia
al asunto. Varios de los jugadores y entrenadores
que se han pronunciado entienden que no hubo racismo,
sino insultos al contrario (Álvaro, Alfaro,
Aguirre…). El propio entrenador del Barcelona,
sin negar lo primero, afirma también lo segundo,
y estima que se trata de un problema de educación
en los estadios que hay que resolver globalmente y,
desde luego, sin que sea más urgente eliminar
los insultos de tinte racista que los de otra índole.
Un dato para retener: la mayoría de los que
se han manifestado en esta línea son extranjeros,
y varios de ellos negros.
En
el otro lado de la balanza se han situado los políticos
y un número no desdeñable de periodistas
y medios de comunicación. El Secretario de
Estado para el Deporte ha pedido un castigo ejemplar
para el Real Zaragoza y ha propuesto endurecer las
sanciones para las actitudes racistas en los estadios,
lamentando —eso sí— que cambiar
la ley sea un proceso lento. Sin llegar a tanto, el
Alcalde de Zaragoza ha entonado una suerte de cántico
de desagravio a Samuel Eto’o, al que pide perdón
e invita a visitar la Expo. Una y otra actitud se
han percibido mayoritariamente en los comentarios
de prensa, radio y televisión. Todos parecen
querer que haya pecado, pues lo esencial no es tanto
que lo haya como que se sepa que lo condenan.
Como
era de esperar, el protagonista del incidente —que
ya sabía de antemano el eco que iba a encontrar
su conducta en este segundo grupo, pues a él
es al que se dirigía— se ha apresurado
a sembrar un poco más de cizaña con
una declaraciones en las que pide el cierre de La
Romareda durante un año. En ellas, al contrario
que sus compañeros de profesión y su
propio entrenador, entiende justificados otros insultos
en el fútbol (seguramente para encontrar amparo
a sus numerosos actos antideportivos) y sólo
se revela contra los calificables como racistas. Y
al mismo carro, a favor de corriente, se ha subido
incluso el árbitro del encuentro, que esta
vez sí ha hecho declaraciones.
Todo
esto da mucho, mucho, que pensar.
Yo
creo que las únicas cosas sensatas las ha dicho
el mundo del fútbol. Lo único cierto
en todo esto es que la cutrez, la mala educación,
y hasta la mala leche, parecen campar a sus anchas,
desde hace tiempo, en todos los estadios de este país.
Las aficiones rivalizan para encontrar cánticos,
gritos e insultos que ofendan gravemente al contrario,
y no se detienen siquiera ante los sentimientos colectivos
más íntimos, como lo demuestra la generalización
de las consignas blasfemas o el menosprecio de palabra
y obra a los símbolos nacionales o regionales
del adversario. La situación es tal que algunos
hemos optado sencillamente por no ir prácticamente
a ningún campo y los que siguen yendo saben
que determinados estadios les están vedados,
pues no tolerarían las agresiones morales —si
no físicas— que, con seguridad, van a
tener que soportar.
Todo
esto constituye un problema social grave: por sí
mismo y porque acaso sea la punta del iceberg de otro
que excede del ámbito meramente deportivo.
En el reparto del trabajo que en toda sociedad está
establecido, la resolución de estos problemas
se la hemos encomendado a nuestros gobernantes, a
cada uno en el marco de sus competencias. Ellos, en
cambio, prefieren mirar para otro lado. El caso más
sangrante que conozco es el de Pamplona, a cuyo estadio
no pueden acudir ni el Presidente del Gobierno autónomo
ni la Alcaldesa de la ciudad, pues su presencia es
considerada por una “minoría” (sic)
de la afición que llena el campo como una provocación
y los insultos incalificables que ésta les
dirige no son acallados por la presunta “mayoría”
(seguramente representantes de quienes les otorgaron,
ampliamente, el poder en las urnas). Pero oficialmente
allí no pasa nada. Los campos de fútbol
se van convirtiendo así en una suerte de microcosmos
donde los más descerebrados imponen su ley
a los demás, que, o se ven abocados a abandonarlos,
o no tienen más remedio que desarrollar una
penosa y camaleónica insensibilidad moral para
seguir viendo los partidos y dormir a pierna suelta
por la noche. Muchas de las conductas de esos descerebrados
son delitos tipificados como tales en el Código
penal, pero los estadios, al parecer, son zonas exentas
del Estado de Derecho.
Y
los políticos, como digo, miran hacia otro
lado. ¡Ah no, perdón!: de vez en cuando,
al albur de los impulsos de lo que alguien, en algún
momento y nadie sabe muy bien por qué, define
como “políticamente incorrecto”,
se ponen las pilas… Es imposible saber lo que
realmente piensan, pero la certeza de lo que van a
hacer y decir es, entonces, absoluta. Crean Comisiones
y piden “sanciones ejemplares”, pero claro,
no para todas las conductas reprobables y reprobadas
por el Derecho, sino sólo para las que ellos
y sus adláteres, en su infinita sabiduría,
han decidido que no pueden tolerarse. Ello —para
más inri— ni siquiera depende de la entidad
de la conducta en sí, sino de sus circunstancias:
de quién sea el infractor y de la repercusión
que la acción, y la consiguiente reacción,
tengan o vayan a tener en unos medios de comunicación
que juegan a su mismo juego. De este modo suman, a
su irresponsabilidad, arbitrariedad, que es la falta
más grave que puede cometer un gobernante.
Este
es el espectáculo al que hemos asistido en
estos días. A mí me recuerda al bando
que, hace muchos años, oí declamar al
alguacil de mi pueblo:
—
“¡¡Por orden del señor Alcalde,
se hace sabeerrr… que queda prohibido arrancar
los pampanos de las viñas… y que, si
se arrancan, se castigará… SEGÚN
QUIÉN SEA!!!
Creo
sinceramente que, de toda esta lamentable historia,
esto es lo más grave. Y la conclusión
me parece, desde luego, obvia: el problema, que no
es precisamente el racismo, o lo resolvemos nosotros
—los de a pie, los verdaderos aficionados—
o no lo va a resolver nadie.
¿Nos
pondremos alguna vez y de verdad manos a la obra?
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